Los animales no están para ser explotados ni sometidos a prácticas que puedan provocarles sufrimiento. Por eso hoy voté a favor de prohibir las carreras de perros en Chile.
Pero para mí había una condición fundamental: prohibir no podía ser suficiente. Una buena ley también debe proteger a los animales después de la prohibición, hacerse cargo de su recuperación y establecer responsabilidades claras para quienes los someten a estas crueles prácticas.
Eso es justamente lo que cambió entre la discusión de 2024 y la de hoy.
¿Por qué voté distinto en 2024?
En 2024 se discutió una iniciativa que buscaba prohibir las carreras de perros, pero dejaba vacíos importantes que terminaban siendo contraproducentes para quienes realmente buscamos proteger a nuestros animales con esta ley.
Me preocupaba que una prohibición sin mecanismos suficientes de fiscalización y protección pudiera empujar esta actividad hacia la clandestinidad. Además, el texto no resolvía de manera adecuada una pregunta esencial: ¿qué iba a pasar con los perros una vez terminadas las carreras?
No bastaba con cerrar las pistas si después los animales quedaban abandonados, sin recuperación ni una alternativa real de adopción.
El proyecto cambió y mejoró
La propuesta que hoy estamos discutiendo es distinta. No solo busca prohibir y sancionar las carreras de perros, sino que incorpora medidas concretas para proteger a los animales rescatados de estas prácticas.
Entre ellas, contempla que los perros sean rescatados, rehabilitados, esterilizados y posteriormente reubicados, con participación de organizaciones dedicadas a la tenencia responsable. Porque detrás de cada animal hay una vida que merece una segunda oportunidad, libre del sufrimiento y del abandono.
Además, quienes sean descubiertos organizando o participando en estas carreras ilegales deberán:
- Asumir los gastos asociados a la recuperación y reubicación de los animales;
- Enfrentar duras sanciones establecidas por la ley;
- y, muy importante, quedar inhabilitados permanentemente para tener animales.
Eso marca una diferencia sustancial. Hoy no estamos hablando solamente de prohibir una actividad, sino de hacernos cargo de sus consecuencias y poner realmente a los animales en el centro.
Escuchar también es parte de legislar
Durante este proceso pude escuchar a más organizaciones vinculadas a la protección animal, conocer nuevos antecedentes, revisar cómo otros países han logrado prohibir de manera efectiva las carreras de galgos y proponer mejoras legislativas en la materia.
Creo que legislar seriamente significa estar dispuesto a identificar nudos críticos y mejorar las decisiones cuando una iniciativa logra resolver de mejor manera una problemática urgente: evitar el sufrimiento animal.
Por eso, el 18 de agosto de 2026 voté a favor de prohibir y sancionar las carreras de perros.
Estas crueles prácticas exponen a los animales al maltrato y al sufrimiento, y como legisladores tenemos el deber de proteger a quienes no tienen voz para pedir ayuda. Pero esa protección debe ser efectiva, responsable y capaz de hacerse cargo también de lo que ocurre después.
Compromiso real con la protección de los animales
Hoy existe un texto que incorpora medidas concretas de rescate, recuperación y reubicación de los perros, además de mayores responsabilidades para quienes participan en estas prácticas. Un proyecto mejorado, que entrega una protección concreta a animales que han sufrido estas prácticas y que merecen una segunda oportunidad, lejos del maltrato y el abandono, y que debemos empujar con mucha fuerza para que sea ley.
Por eso mi compromiso no queda solo en el papel. Hoy estamos activamente buscando que este proyecto se apruebe en la Comisión de Medio Ambiente, donde pasó para ser objeto de indicaciones, y luego debemos generar conciencia en los senadores para que sea aprobado en su segundo trámite constitucional.
Hoy podemos dar un paso definitivo: que el bienestar animal deje de ser solo una declaración de principios y se transforme en una protección real, efectiva y permanente. Porque como legisladores, nuestro deber no es solo decir que queremos protegerlos, sino convertir esa convicción en ley.